Julián María Crespo Carrillo

Socio

Actividad Profesional

Julian María es Letrado excedente del Ministerio de Sanidad y Consumo desde el año 1976 en que se incorporó al Departamento Laboral de J & A GARRIGES permaneciendo en él hasta mayo de 1982, año en el que fue participando sucesivamente en la constitución, como socio fundador y Director del Departamento Laboral, de diferentes Despachos de Abogados hasta la creación de su propia firma, CRESPO HERNANDO, ABOGACÍA, S.L. en el año 2012.

Tiene amplia experiencia en todas las áreas del Derecho Laboral y de Seguridad Social así como en las de Derecho Civil, Administrativo, Mercantil, Penal y Familia relacionadas con las primeras, en sus regulaciones material y procesal.

A lo largo de los años ha aplicado su experiencia profesional en diversos sectores económicos de la empresa privada nacional y multinacional, destacando los de alimentación; alquiler de vehículos sin conductor; automoción comercio e industria; comercio en general; construcción; banca; transporte de viajeros, combustibles y mercancías en general; hotelería; congelados; transformación de la madera; siderometalurgia; lácteos; farmacéutica; informática; ingeniera de construcción; minería; seguros; servicios varios y tratamiento de residuos.

Igualmente su actividad profesional ha estado y sigue ligada desde el año 1984 al sector público, en concreto, al público de construcción naval civil y miliar en el que ha intervenido en múltiples ocasiones en todo tipo de asuntos relacionados con el derecho laboral y de seguridad social para la mayor parte de sus empresas y para otras íntimamente relacionadas con el mismo.

Para unos u otros clientes ha emitido numerosos informes y dictámenes soporte de decisiones en Departamentos de RR HH en materia de derecho laboral y de seguridad social; desarrollado Normas Marco a incluir en los contratos de arrendamiento de obras o servicios (subcontratación) para evitar cesión ilegal de trabajadores; redactado contratos de trabajo ordinarios y de alta dirección, con clausulados específicos para cada caso; redactado criterios básicos del aseguramiento de actos de terrorismo afectantes a directivos de empresa (secuestros y otros); y cartas de extinción de contratos de trabajo, por las diferentes causas legales, adaptadas a las situaciones concretas de cada caso; desarrollado programas de RR HH orientados a optimizar los recursos disponibles de plantilla mediante la flexibilización de jornadas y horarios de trabajo junto con la redacción de los clausulados correspondientes en los contratos de trabajo e innovado sistemas de retribución por objetivos aplicables a todos los niveles salariales incorporados luego, o no, a los diferentes convenios colectivos aplicables.

En las relaciones colectivas de trabajo, ha redactado numerosos pactos de empresa, convenios colectivos de empresa y de sector e intervenido en su negociación hasta su publicación en el Boletín Oficial correspondiente como, por ejemplo, el regulador del tránsito de la actividad laboral de los antiguos Agentes de Cambio y Bolsa al primer Convenio Colectivo de Sociedades y Agencias de Valores; intervenido en la extinción colectiva de contratos de trabajo con preparación formal de ERE´s, implantándolos y negociándolos, tanto en la empresa privada como en el sector público como fue el caso del ERE del sector público naval civil de 1984 al que siguieron otros réplica del primero; igualmente en la elaboración y desarrollo de ERE´s informales afectantes a numerosas empresas privadas, ejecutados dirigiendo equipos de trabajo para llevar a cabo múltiples negociaciones individuales; y participado en la solución negociada o judicial de conflictos colectivos y de huelgas.

En el ámbito de la Seguridad Social, ha llevado personalmente o dirigido equipos para hacerlo en varios expedientes contencioso-administrativos, afectantes a miles de trabajadores, relacionados con la impugnación de Actas de Liquidación de la Inspección de Trabajo por discrepancias en la interpretación del tipo de cotización a aplicar en el aseguramiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En cuanto a su actividad profesional procesal, ha intervenido ante numerosos Órganos de Conciliación extrajudicial en materia laboral de cualquier naturaleza, en Juzgados de lo Social de la práctica totalidad de las provincias españolas, peninsulares e insulares, en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y en Juzgados Civiles y Penales, en la práctica totalidad de procedimientos previstos en las diferentes leyes procesales laborales vigentes a lo largo de los años, tanto en sede de Juzgados de lo Social como en fase de recurso de suplicación ante Salas de lo Social de diferentes Tribunales de Justicia y apelación ante Audiencias; de casación ordinaria y de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; de amparo ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En los últimos años ha defendido en juicio múltiples reclamaciones individuales o colectivas relacionadas con la aplicación de normas internas de empresa reguladoras de Planes Complementarios de Pensiones de Jubilación, Viudedad y Orfandad, de su externalización mediante la suscripción de las pólizas de seguro; reclamaciones individuales o colectivas de cesión ilegal de trabajadores; y reclamaciones de RC, cambios de contingencia y recargos de prestaciones de la Seguridad Social defendiendo los intereses de clientes con actividad vinculada a la utilización del amianto en su proceso productivo con elevado porcentaje de éxito.

Destacable, por lo novedoso del criterio jurisprudencial aplicado, resulta la sentencia de la Sala de la Sala 4ª de lo Social del Tribunal Supremo, de 19 de septiembre de 2018, estableciendo la responsabilidad solidaria de la empresa principal, de distinta actividad que la de las contratas, en el recargo del 50% de las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo ocurrido mediando inobservancia de las más mínimas medidas de seguridad con resultado final de muerte del trabajador.

La sentencia fue el colofón de un escrupuloso diseño, por parte de Julián Maria, de la estrategia procesal de defensa de los derechos del accidentado ejercitando acción de incapacitación de éste en jurisdicción civil; personación y acusación particular en jurisdicción penal; seguimiento de proceso administrativo ante el INSS hasta la obtención de la calificación de gran inválido del accidentado; interposición en jurisdicción social de acciones de responsabilidad civil por daños contra todas las empresas implicadas tanto por el accidentado (interesado mientras vivió, representado por su tutora) como tras su fallecimiento (viuda, hijos, madre y hermanos); seguimiento de los pormenores fiscales del asunto y negociación con la Agencia Tributaria; seguimiento en todas las instancias de la pretensión del 50% de recargo sobre la totalidad de las prestaciones (gran invalidez, viudedad y orfandad) y negociación en jurisdicción social con las empresas implicadas y aseguradoras de la indemnización final, superior al millón de euros, y en jurisdicción penal, con la Fiscalía, la pena a imponer al administrador único de una de las sociedades implicadas en el accidente, en sentencia de conformidad.

Las sentencias principales están accesibles en TS (Sala de lo Social, Sección1ª), sentencia núm. 842/2018 de 18 septiembre. RJ 2018\457 y TSJ Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección1ª), sentencia de 3 octubre 2016. JUR 2016\234054 y han significado el inicio de un novedoso criterio entorno a la responsabilidad solidaria de las empresas principales en materia de recargo de prestaciones de la seguridad social por la subcontrata de obras o servicios ajenos a la propia actividad, extensibles en opinión de Julián María a la solidaridad en la responsabilidad civil.

El contacto con la página específica de los servicios ofrecidos en la materia indicada en la web de www.ars-imp.com accesible desde Google mediante la búsqueda ars-imp.

Formación

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid el 11 de marzo de 1975.